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18 de diciembre 2018

Funcionaria con discapacidad visual denuncia discriminación en el Senado: «Quieren reducirme a mi más mínima expresión»

Natalia Ravanales

Natalia Ravanales en primer plano, en el fondo un paisaje frondoso. Sonríe a la cámara.

Natalia Ravanales tenía seis meses de edad cuando fue diagnosticada con cataratas congénitas bilaterales, con presencia de nistagmus (movimiento rápido, repetitivo e involuntario de los ojos).  Fue operada nueve veces para intentar aumentar su capacidad visual, pero no hubo resultados positivos. Natalia tiene 5% de la visión normal y con lentes de contacto alcanza 15%.

El 2013, siendo estudiante de Derecho, postuló a un concurso público para trabajar como operadora telefónica en el Senado, pero no quedó. Al año siguiente lo volvió a intentar y consiguió quedarse con el puesto, sin imaginar que se transformaría en una pesadilla.

Comenzó a trabajar en la institución pública en abril del año 2015 y permaneció ahí durante ocho meses. A pesar de su entusiasmo, los constantes malos tratos de sus compañeras de trabajo, la llevaron a apartarse de su cargo y entablar una demanda contra el Senado por discriminación.

«Sufrí burlas y experimentos que ellas hacían conmigo para verificar si yo veía o no. Yo usaba un programa específico para personas de baja visión para poder trabajar. A veces bajaban el volumen del programa y a ellas les daba mucha risa que yo sin saber por qué el computador no sonaba, me pegara a la pantalla para intentar escuchar mejor», relata Natalia Ravanales.

La actual egresada de Derecho narra que a sus compañeras incluso les molestaba que estudiara leyes, se maquillara o no usara bastón. «Cualquier cosa que yo hiciera bien, me traía problemas. Pensaban que una persona ciega tenía que ser necesariamente tonta. No podían entender que uno sí puede estudiar y andar sin bastón, aunque requiere destreza», explica.

Cansada de los abusos, Natalia Ravanales intentó escalar la situación hacia las autoridades administrativas del Senado e incluso a algunos parlamentarios, pero no tuvo éxito.«Lamentablemente cuando en una institución hay cargos que se asignan de manera política y hay funcionarios que trabajan con padrinos, pasa esto. Dos de las personas que hacían esto conmigo, tenían contacto directo con senadores porque habían sido secretarias antes. El solo hecho de que yo mencionara sus nombres en la denuncia, automáticamente quedaba todo en nada», reclama.

Al notar que el mal clima laboral y de acoso no cambiaría, Natalia pidió un sumario administrativo al mismo tiempo que solicitó un traslado interno para no tener que seguir lidiando con la situación. «Aunque al principio habían aceptado mi traslado, al enterarse de mi solicitud de sumario, lo revocaron. Me citaron a una reunión con las autoridades administrativas del Senado y me informaron que podía seguir trabajando como operadora telefónica, pero desde mi casa. Cuestión que iba en contra de lo que yo solicité y de la inclusión que tanto se habla«, relata.

Natalia Ravanales explica que además de ir en contra de todos los principios implicados en inclusión laboral, para ella no era posible trabajar desde la casa porque nunca le habilitaron el sistema remoto del programa que le permitía autonomía en su desempeño. «Las veces que me tocó turno desde mi casa tuve que tener ayuda de alguien sin discapacidad visual porque sola no podía hacerlo», puntualiza.

Por todo, decidió demandar. «No accedí a la obligación de trabajar desde mi casa y el desacato implicaba el despido inmediato«, explica. A raíz de sus muchos intentos por ser escuchada en los que no tuvo éxito, incluso intentó atentar contra su vida. «Fui al psiquiatra y los certificados demostraban que yo nunca había tenido episodios de estrés o angustia antes de llegar a trabajar ahí», lamenta Natalia. A la vez que inició la demanda, el psiquiatra le dio licencia por su mal estado de salud mental.

Discriminación Arbitraria

Cursaba tercer año de Derecho cuando decidió demandar al Senado. «Tuve que llevar la causa sola. Al principio no fue una decisión, fue una obligación, me costó mucho que alguien quisiera entablar una demanda en contra del Senado, nadie se atrevía. Todos piensan que son personas con mucho poder, que una demanda les puede perjudicar si quieren postular a un cargo público, por lo que encontrar a alguien que quisiera patrocinar la demanda me costó mucho. Un amigo que ya había egresado de la universidad, se comprometió  a patrocinarme, pero con la condición de que hiciera todo lo demás sola porque él no era especialista en este ámbito y no quería tener problemas con el Senado», detalla Natalia Ravanales.

«Hice la demanda, la redacté, fui yo a las audiencias, hice las pruebas testimoniales y en las audiencias yo misma tuve que interrogar a las personas que me discriminaron». Natalia presentó una demanda de 57 páginas en contra del Senado acusando discriminación. Desde el inicio del proceso ya han pasado dos años y para alegría de la futura abogada, el 5° Juzgado Civil de Valparaíso falló a su favor.

«Se hace lugar a la denuncia de lo principal (…) en cuanto, se declara que existió en perjuicio de doña Natalia Ravanales Toro, un acto de discriminación arbitraria perpetrado con fecha 7 de junio de 2016, por el denunciado Senado de la República de Chile, consistente en imponerle que ejerciera sus funciones de operadora telefónica exclusivamente desde su domicilio particular, mientras se afinaba un sumario administrativo incoado a su requerimiento. (…) se deja sin efecto la decisión de 7 de junio de 2016, y se ordena a la denunciada que, en el evento que la denunciante se reincorpore a sus funciones, deber hacerlo en las mismas condiciones que las demás operadoras telefónicas de la Central Telefónica del Senado de la República. Que se condena al denunciado Senado de la República al pago de una multa a beneficio fiscal ascendente a 10 UTM (diez unidades tributarias mensuales)», sentencia el juzgado en agosto de este año.

Sin embargo, el Senado decidió no acatar.  Apeló la resolución y abrió un sumario interno contra Natalia Ravanales debido a las pruebas que presentó, principalmente porque entregó al juzgado el audio de la reunión en la que le ordenan trabajar desde la casa. «La Corte de Apelaciones declaró admisible mi prueba del audio. Me respalda la ley de transparencia porque en esa reunión solo había funcionarios públicos», explica Natalia.

En el documento apelativo, el Senado expone que la medida «sugerida» para Natalia es discriminación positiva. «La medida tampoco ha vulnerado derechos fundamentales de la denunciante y, muy por el contrario, en todo momento, desde la asunción de la mujer en el cargo, el Senado desplegó un conjunto de medidas de discriminación positiva en su favor, siempre con el objeto de permitirle trabajar pese a su discapacidad visual», explicita el documento con fecha 15 de noviembre de 2018.

«Ellos quieren reducirme a mi más mínima expresión, la violencia que tienen conmigo es impresentable. Dan un doble discurso que lo conozco muy bien porque veo como ellos dan entrevista y hablan de la inclusión con fervor, pero en la práctica, lo que ocurrió conmigo lo saben todos los senadores y diputados, y nadie me apoyó en nada. Ellos tienen responsabilidad política y cuando tuve sentencia favorable, tomaron represalias graves en mi contra. A pesar de que la sentencia les ordenó dentro de todo reintegrarme, ellos apelaron, y me quitaron todas las herramientas técnicas que yo tenía para trabajar. Ahí me dejaron de pagar la licencia y me denunciaron ante la Fiscalía por los audios», enfatiza Natalia.

Daniel Villarroel trabaja en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de la Región Metropolitana, es abogado especialista en derechos humanos de las personas con discapacidad y uno de los responsables de ejecutar el convenio que la CAJ tiene con el SENADIS, en materia de protección de derechos y de capacitación a funcionarios y funcionarias públicas. Además, junto con la abogada Paulina Bravo han realizado diversos análisis de jurisprudencia e impacto de la Ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión de las personas con discapacidad y la 20.609 de antidiscriminación.

«En caso de que se confirme el fallo en la Corte de Apelaciones, y ojalá así sea, por supuesto que hay responsabilidad política, puesto que es el máximo representante del Poder Legislativo el que ha ejercido actos de discriminación arbitraria en contra de una persona con discapacidad. Hay tratados internacionales y leyes, precisamente aprobados por el Senado, que impiden ejecutar actos de ese tipo«, explica Villarroel. Asegura que las acciones judiciales de Natalia Ravanales van bien encaminadas y confía en un desenlace a favor de sus derechos: «Según he visto este último tiempo, la Corte ha aplicado de buena forma las normas en materia de discapacidad. Natalia, no sólo tiene buenas pruebas, sino que argumentos jurídicos sólidos».