Ley de Inclusión en la recta final
El 1 de abril pasarán la lista de asistencia y todas las empresas con cien o más trabajadores y trabajadoras deberán contar con, al menos, el 1% de personas en situación de discapacidad. Un proceso que, según empleadores, ha sido complejo por la búsqueda de personas profesionales o técnicas para los puestos laborales disponibles.
Por Catalina Arenas
Para las empresas y sus equipos de reclutamientos, uno de los obstáculos más persistentes para adherirse a la Ley N°21.015 fue encontrar aspirantes en situación de discapacidad que ocuparan algunos de los 27.500 puestos que, según la estimación del Gobierno de Michelle Bachelet, estarían disponibles. Ad portas de entrar en plena vigencia la normativa, desde la Fundación Contrabajo aseguran que la génesis del problema no radica en el sistema laboral, sino que en la educación media y la formación técnica y profesional.
En la foto de Fundación Contrabajo una profesional apoyando las habilidades sociales y laborales de una mujer adulta Síndrome de Down.
La Ley de Inclusión Laboral le exige a las compañías respetar la dignidad de las personas con discapacidad cognitiva – por ejemplo -, eliminando la discriminación salarial y, además, fijando en 26 años la edad límite para suscribir el Contrato de Aprendizaje. Esto, con el fin de sembrar, tanto en el sector privado como público, la semilla de la accesibilidad universal y de la conciencia inclusiva.
Esa coincide con la definición de la misión de la Fundación Contrabajo. Una acción que parte desde la formación estudiantes y que, de acuerdo con la visión de su directora ejecutiva María José López, «si construyes una plaza, y finalmente agregas una rampa, eso no es inclusión. En cambio, si construyes una plaza con rampas en todos los accesos, nadie queda fuera».
Lo anterior porque entre los empleadores, las principales preocupaciones se encuentran en la falta de profesionales en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND) y la disponibilidad de cargos de menor renta.
«Hubo problemas porque, en general, las personas con discapacidad tienen menos preparación laboral y estudios suficientes para desempeñarse en algún trabajo. No por culpa de ellos, sino porque también han sido rechazados para acceder a la educación», sostiene el Presidente del Centro de Discapacidad de la SOFOFA, Victor Dagnino.
Una coyuntura a la que aludió la directora del Instituto de la Sordera, Verónica de la Paz, en una entrevista para El Mostrador. En la instancia, ella afirmó que el Ministerio de Educación no ha reconocido su proyecto académico de enseñanza media, aún cuando este año egresa de 4° medio la primera promoción de estudiantes con discapacidad auditiva de ese establecimiento.
En ese sentido, la Directora de Fundación Contrabajo advierte que «es clave que los recursos que hoy se dirigen a escuelas especiales se destinen para incrementar apoyos en los colegios regulares, eso es inclusión». Según explica, los establecimientos en este sistema no habilitan el Currículo Nacional de la Educación, por lo tanto, no hay una homologación de estudios. «Esto significa una tremenda barrera para la Ley de Inclusión, porque las empresas que piden 4°medio rendido ya dejó afuera a todos los alumnos y alumnas que estudiaron en la educación especial», agrega.
Por otro lado, María José también presenta una solución que podría mitigar en el mediano plazo estas situaciones.
«En vez de construir un sistema de educación especial para las personas con discapacidad, necesitamos que todo nuestro sistema sea inclusivo, porque eso va a permitir la incorporar a todo tipo de población al mundo laboral, entendiendo que somos diversos y que eso le da valor a las empresas».
Desde el Centro de Discapacidad de la SOFOFA, Victor Dagnino agrega que «si bien en un principio parece compleja la contratación de personas con discapacidad, a largo plazo si se hace bien es muy beneficiosa para todos». El equipo lleva 26 años trabajando y, «junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hemos realizado estudios y desarrollado manuales para que se ejecute una buena inclusión laboral».
Otros factores que inciden en la baja dotación de personas profesionales y técnicas con discapacidad, más allá de las limitaciones sociales que construye el entorno, son la baja confianza que depositan las familias en el sistema laboral y la tramitación que exige la Ley para acreditar esta condición. La normativa considera la credencial del RND o que la persona tenga una pensión de invalidez, bajo cualquier régimen previsional.
«Este requisito, o la alternativa de la Pensión de Invalidez son imprescindibles para que el trabajador o trabajadora sea considerado en la cuota del 1%. Sin embargo, existe un número muy bajo de personas con discapacidad que están inscritas en este registro y, por lo tanto, en el mundo laboral se producen vacantes que no se pueden completar», explicó Dagnino.
Puesto acceder a la pensión de invalidez es necesario un informe médico y biomédico funcional, otro de asistencia social, un formulario del Instrumento de Valoración de Desempeño en Comunidad (Ivadec) y, todo esto validado, por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).
«La Compin ha hecho un esfuerzo significativo por mejorar los procesos, hoy es mucho menos engorroso que hace 10 años atrás. Pero, existe mucha desinformación en las familias en cuanto a la documentación que deben presentar y cómo adquirirla».
Entonces, como respuesta «todos los trámites que se puedan deberían ser on line, hay que hacer comunicaciones masivas para informar y tenemos que transformar la cultura porque en Chile el registro está muy estigmatizado».
María José López de Contrabajo en la foto dando una charla de capacitación para las empresas.
Adicionalmente los puestos de trabajos que están ofreciendo las empresas en el marco de la Ley de Inclusión Laboral siguen siendo principalmente de soporte u oficina, de baja renta y responsabilidad.
Victor Dagnino detalla que «las adaptaciones del espacio físico son de bajo costo y debiesen permitir la incorporación de personas con discapacidad desde el ingreso al edificio y su desplazamiento interno como el de cualquier otro trabajador». En concreto, estas modificaciones «incluyen baños adaptados, señalización adecuada para ciegos, sistemas de alarmas luminosas para sordos, manuales de lectura fácil, adecuación de horarios, entre otros».
Para el presidente del Centro de Discapacidad de la SOFOFA «la capacitación es vital para su ingreso y trabajo productivo, al igual que el entrenamiento de su entorno laboral para un trato igualitario y digno». La Ley N°21.015 debe garantizar un cambio en la mentalidad cultural de las compañías, en las gerencias, jefaturas, profesionales y personas técnicas para así desarrollar una conciencia inclusiva que celebre la diversidad.
«Aunque la persona con discapacidad logre estudiar, si las empresas no logran disminuir las barreras contextuales, ya sea de infraestructura o de creencias y actitudes, seguirán construyendo discapacidad. Si éstas creen que sólo se puede enfrentar la Ley de Inclusión Laboral contratando trabajadores en esta situación, están profundamente equivocados», sentencia la Directora de Fundación Contrabajo.