Tarea pendiente: Chile frente a las recomendaciones de la ONU sobre derechos para personas con discapacidad
Silvia Quan-Chang, ex Vicepresidenta del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relató los avances y desafíos más urgentes que tiene Chile con relación a incorporar una perspectiva de género y de derechos a las políticas públicas sobre inclusión y discapacidad. Las recomendaciones fueron analizadas en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, en una reunión convocada por SENADIS y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
Catalina Arenas
A un año de la lectura del documento ante el Comité de Naciones Unidas, la máster en Derechos Humanos Silvia Quan-Chang explicó los puntos más relevantes de los 33 artículos que conforman la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sobre los que se examinó al Estado de Chile. Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el SENADIS presentaron sus lecturas de la materia y dieron a conocer algunos avances en los que se ha trabajado para superar las principales deficiencias.
El Director de Senadis, Daniel Concha introduce, junto a su maestro en lengua de seña, el coloquio sobre Género y Discapacidad.
Según las palabras de Quan-Chang, las preocupaciones del Comité advierten que, en general, en la normativa vigente “existe un enfoque contrario a lo que son los derechos humanos”, en especial por la terminología que se utilizan en el Código Civil y otras leyes chilenas al abordar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas con discapacidad.
Ante esta observación, Miguel Ángel Figueroa, terapeuta ocupacional y profesional del SENADIS, reconoció que existe la necesidad de auspiciar la participación en la definición de discapacidad. Es más, “esa participación social debe tener énfasis en todos los ámbitos y aspectos, de manera amplia. Lo que nos obliga a entregar más información a la sociedad civil dirigida, especialmente, a los colectivos y a las personas con discapacidad”. El objetivo, por tanto, sería superar este punto con la aclaración y experiencia de las mismas organizaciones, quienes transmitirán cuáles son sus necesidades. Con ese fin, SENADIS trabaja en el fortalecimiento de un equipo de profesionales, cuerpo docente, padres, madres y personas con discapacidad que forman una alianza. “Debemos visualizar que este trabajo requiere de una coordinación intersectorial intensa”, concluyó en su presentación.
El docente de educación diferencial e integrante de Líderes con Mil Capacidades, Richard Quinteros agrega que su organización «está asociada también a otros tipos de carreras, órganos del Estado y fundaciones como, por ejemplo, con el Prodemu, Sernam; a enfermería y matronas, porque ellas manejan conocimientos específicos que nos permiten entregarles mejor información a las personas».
Otro punto relevante sobre el que tiene que avanzar el Estado de Chile a raíz de su compromiso con la Convención, es el consentimiento libre e informado relacionados con los tratamientos psiquiátricos o intervenciones médicas consideradas invasivas y que se aplican principalmente a personas con discapacidad mental. En materia de salud sexual y reproductiva, si bien se reconoce que en Chile existe una regulación al respecto, todavía «no es accesible ni física ni informativamente para la mayoría de las personas con discapacidad, porque hay una actitud del personal de salud a no atenderlas adecuadamente”, recalcó Silvia Quant del Comité de las Naciones Unidas.
En respuesta a ello, el abogado Sebastián del Pino, representante del INDH y docente de la Universidad Diego Portales, mencionó como ejemplo que, desde la perspectiva de las personas intersexo “la Ley 20.609 protege a este grupo y refuerza la prohibición de cirugías y tratamientos irreversibles en recién nacidos intersex”. En ese sentido, subrayó que el Ministerio de Salud “ha dispuesto mejorar los marcos de consentimiento libre e informado ante la situación de las personas con discapacidad que muchas veces son lesionados”, considerando las lecciones que se desprende de la Ley 20.609.
Sebastián del Pino, abogado de INDH presenta ante Silvia Quan su interpretación del informe y aborda como foco, el grupo intersex.
A raíz de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad también se discutieron temas como el acceso al mundo laboral y a la educación, y desde esa perspectiva, Richard Quinteros de Líderes con Mil Capacidades comentó que no existe suficiente difusión de las recomendaciones realizadas por el Comité al Estado de Chile. Dice que existen avances en las políticas de inclusión laboral con el proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional hace un mes, que obliga a las empresas con más de 100 trabajadores a reservar el 1% de sus cupos para personas con discapacidad o que reciban pensión de invalidez.
Sin embargo, Quinteros – también parte de la Mesa Intersectorial sobre Derechos Sexuales y Reproductivos de personas con discapacidad – reconoce que entre los mayores desafíos están el transitar de un sistema de educación especial a uno más inclusivo; el persistente y precario financiamiento para materiales de apoyo que sirven para la educación personalizada en escuelas especiales; que algunos participantes del Programa Más Capaz de SENCE, como los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), muchas veces solo quedan en la capacitación y no avanzan hacia la inclusión laboral en empresas y que a las personas en esta situación se les continúe pagando menos del sueldo mínimo por su trabajo.
Finalmente, Silvia Quan-Chan cree que «el Estado chileno ha demostrado bastante buena voluntad política para avanzar con el cumplimiento de la Convención», lo que se trasmitió posteriormente en las perspectivas presentadas por los representantes del INDH y SENADIS. La licenciada, también, considera que «se ha hecho un buen análisis de los derechos sexuales y derechos reproductivos, que son temas muy tabú dentro de la sociedad, ya que los expositores han abordado estos temas desde lo social y lo educativo, de manera amplia, que es lo que espera el Comité».