OPINIÓN

26 de mayo 2017

La bandera en alto por la inclusión social y laboral

Nuestro país avanza cada vez más en temas de inclusión, sin embargo, aún quedan varios puntos pendientes, uno de ellos es la igualdad en ciertos derechos y deberes de las personas en situación de discapacidad, es por eso que se han desarrollado varias iniciativas que actualmente están en manos de la autoridad.

Por María José Escudero, directora Fundación Ronda

Foto de María José Escudero, directora Fundación Ronda.

Foto de María José Escudero, directora Fundación Ronda.

La Responsabilidad Social Inclusiva (RSI) es un tema de suma relevancia que va de la mano con la Ley de Cuotas (Ley de Inclusión Laboral) y con los proyectos de que se han presentado al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social, la Subsecretaria de Transporte y Telecomunicaciones y al Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) entre otros. La idea principal es transformar la actitud respecto a lo diferente, generando consciencia de las dificultados que se tiene como sociedad.

Este levantar de bandera por la inclusión y buscar la autonomía e independencia de las personas con discapacidad de nuestra sociedad, nace a fines del 2015 con la creación de un proyecto de la escuela de conductores, que incorpora ajustes razonables a la legislación actual para el proceso de obtención de licencia de conducir para personas en situación de discapacidad. Esta iniciativa se presentó en el Ministerio de Desarrollo Social después de más de un año de trabajo en una mesa técnica y que articula la visión de los tres sectores, empresas, sector público y sociedad civil; todos unidos para que este proyecto salga adelante sin discriminaciones.

Según la última ENDISC II 2015, el 20% de las personas en Chile sobre 18 años tiene discapacidad y más del 60% no participa del mercado laboral, mientras que el 40,4% están en situación de dependencia.

El objetivo central de esta propuesta tripartita es entregar igualdad de oportunidades, como también responsabilidades y deberes, al 20% de personas en situación de discapacidad en el país y que desea conducir un vehículo motorizado, algo que sin duda será una gran herramienta para incentivar su autonomía y vida independiente sobre todo hoy ad portas de la promulgación de la Ley de Cuotas, y de esta forma se trae por resultado final su inclusión socio laboral a nuestra sociedad.

¿Cómo comenzaron estas iniciativas y cuáles son sus recomendaciones? En 2016 se solicitó una reunión con el Director Nacional del Servicio de Discapacidad, para presentar el proyecto en conjunto con SENADIS, incorporando a la Sub Secretaría de Transportes y CONASET. Los puntos que se destacaron fueron: Uso correcto del lenguaje, recomendaciones generales para relacionarse con las personas con discapacidad, denegación a priori de la toma de exámenes teórico y prácticos, ajustes razonables o necesarios a los exámenes teóricos y prácticos de conducción y que las personas con discapacidad auditiva puedan ser titulares de licencias de conducir.

Para cambiar el actual sistema y desarrollar este proyecto, es necesario realizar alianzas colaborativas entre gobierno, Sociedad Civil y sector privado. Actualmente, existen un sin número de barreras y vacíos legales que merman la posibilidad de seguir con iniciativas relacionadas con problemas con la discapacidad en Chile.