ACTUALIDAD

24 de marzo 2017

Proyecto de ley intenta frenar esterilización forzada de mujeres con discapacidad

 

En la imagen, médicos en medio de una operación.

En la foto una imagen de un par de médicos realizando una intervención quirúrgica.

 

La iniciativa legal busca modificar la Ley 24.584 y el Código Penal para que se prohíba y sancione la esterilización en forma permanente y con fines contraceptivos a niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad se presentará el 11 de abril ante la Cámara de Diputados.

Por Camila Muñoz S.

El objetivo del proyecto es la prohibición de cualquier tipo de esterilización de manera forzada con fines contraceptivos que pudiesen afectar la fertilidad o capacidad reproductiva de las personas en situación de discapacidad.

Este proyecto de ley es el resultado de un trabajo conjunto de Irma Iglesias, presidenta de la Fundación Down 21, quien además es vicepresidenta de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down (Fiadown) e Iván González, abogado experto en derecho y discapacidad. Además de diputados de diferentes bancadas como, Ricardo Rincón, Marcela Sabat, Nicolás Monckeberg, Jorge Sabag, Miguel Ángel Alvarado, Alejandra Sepúlveda y Maya Fernández, entre otros.

A continuación, podrás revisar parte del proyecto de ley:

Tratándose de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, se prohíbe cualquier tipo de esterilización de carácter permanente con fines contraceptivos y que afecte su capacidad reproductiva. En caso de solicitar alguno de sus padres, tutores o curadores un método anticonceptivo, se otorgará alguno temporal y reversible”.

“El facultativo que, abusando de su oficio, realizare una esterilización a un menor de 18 años con discapacidad, sin que medie una motivación estrictamente de necesidad médica imperiosa para su sobrevivencia, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo”.

Irma Iglesias, una de sus proclamadoras de esta iniciativa y representante de Down 21, considera que este es un excelente paso para las personas en situación de discapacidad en el país. “La imagen de Chile cambia porque estamos cumpliendo en algo que es fundamental; que son los derechos sexuales y reproductivos que están siendo violados. Al ingresar este proyecto de ley, el país está cambiando su postura frente a los derechos de las personas con discapacidad”, declara.

Tal como lo cuenta Iglesias, la visibilidad de esta práctica comienza con el reportaje que realizaron unas alumnas de periodismo de la Universidad Católica Hospitales públicos esterilizan a mujeres con discapacidad mental sin cumplir la normativa”. En él exponen casos de familias que deciden esterilizar a mujeres con síndrome de Down, discapacidad intelectual y cognitiva. Precisamente las autoras del reportaje se contactaron con la presidenta de Down 21 para averiguar mayores datos acerca de esta práctica, lo que concluyó en una investigación periodística.

Actualmente no existen cifras oficiales con respecto a este tema. En esta misma línea Marcela Benavides, presidenta del Circulo Emancipador de Mujer y Niñas con Discapacidad de Chile (Cimunidis) dice que junto a Irma Iglesias enviaron el 2014, una carta a la Presidenta de la República, solicitando que se procediera a derogar las normas que posibilitan la esterilización a niñas y adultas, por discriminación de género y por causa de discapacidad.

Esa petición no prosperó y la derivaron al Ministerio de Desarrollo Social. “En ese momento ambas pertenecíamos a la Comisión Asesora Presidencial de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, iniciamos una tarea que consistió en plantear en todas las instancias posibles a las autoridades estas demandas, lo que permitió que la primera fase de la Comisión Asesora Presidencial hiciera una primera propuesta sobre la eliminación de la erradicación de las esterilizaciones forzadas e involuntarias en infantes y personas adultas con discapacidad por discriminación de género y por causa de discapacidad, dentro del concepto de tortura”, sentencia.

“Las mayores violencias que se cometen a las mujeres y niñas con discapacidad de acuerdo un estudio que hizo ONU Mujeres en Costa Rica, Uruguay y Chile, son las esterilizaciones forzadas, donde además se manifiesta que esta es una de las prácticas más naturalizadas en los países de la región”, explica Benavides.

Carolina Schwengel, matrona y parte del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad (Odisex), sostiene que Chile pertenece  a los países que se suscribieron a Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de firmar los protocolos facultativos que hacen al país activo en esta línea. “En el Artículo 23, se menciona que el Estado es responsable de asegurar que las personas con discapacidad mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones que las demás personas y Chile no lo respeta porque hace esterilizaciones en hospitales públicos con fondos del Estado”.

“El proyecto busca evitar que esa decisión la tome el equipo médico o un tercero sin que éste sea representante legal, porque en la actualidad, que una persona tenga una discapacidad intelectual, sea de la severidad que sea, no la hace automáticamente interdicta, por lo tanto, no representante de sí misma”, comenta Schwengel.

El proyecto de ley será presentado el martes 11 de abril ante la Cámara de Diputados con el fin de proteger los derechos sexuales y reproductivos de las personas en situación de discapacidad, en igualdad de condiciones que los demás niñas, niños y adolescentes de nuestro país.