Mujeres en situación de discapacidad, seis mujeres que luchan por sus derechos
En la fotografía se muestra una gráfica donde aparecen caras intercaladas de mujeres, acompañadas del mensaje «8 M, Paro Internacional de Mujeres».
En el marco de la Conmemoración del Día de la Mujer, Siga Chile conversó con seis mujeres que realizan una lucha clave en materia de derechos de las mujeres en situación de discapacidad en Chile. Soledad Álamos, Jessica Lillo, Carolina Pérez, Lidia Casas, Paulina Bravo y Marcela Benavides comentan los avances, barreras y el contexto actual de este tema en Chile y el mundo.
Por Camila Muñoz y Karina Pérez
En la fotografía, Soledad Álamos usando su silla de ruedas, en una plaza.
Soledad Álamos, ex candidata a concejala y militante de Revolución Democrática. «A las niñas se les está vulnerando el derecho a la igualdad de oportunidades en educación. Se vulneran nuestros derechos reproductivos, la igualdad de oportunidad laborales y de acceder y movernos libremente por la ciudad. Se ve en el transporte público, que no es igual para todos; los accesos no están implementados para la mujer con discapacidad. La discriminación a mujeres en situación de discapacidad se percibe en los colegios, en el ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales, a la hora de tener hijos o hijas, a la hora de contraer matrimonio o cuando las empresas vulneran tus derechos».
Para Álamos su candidatura a concejal por la comuna de Las Condes por el partido Revolución Democrática fue un gran logro en materia de género e inclusión, para derribar prejuicios. «Logré destacar un tema que no está visibilizado en Chile, que es el hacer política y tener liderazgo femenino en personas que tienen alguna discapacidad, no siendo una barrera. Trabajo en base de superar dificultades que a veces pone el entorno más que la propia persona en situación de discapacidad», declara.
En la fotografía, Jessica Lillo sonriendo a la cámara.
Jessica Lillo, orientadora y profesional de SernamEG.
«Básicamente los derechos que se vulneran son los derechos sexuales y reproductivos, porque en general hombres y mujeres en situación de discapacidad son considerados personas asexuadas. Hay muchas dificultades en el caso de que las mujeres y niñas puedan ejercer su derecho a la autonomía física, a decidir sobre su sexualidad o decidir sobre algún método anticonceptivo».
Para la orientadora familiar aún el país se encuentra en el proceso de visibilizar los derechos, ya que el sistema infantiliza a las personas en situación de discapacidad. «La sexualidad de las mujeres con discapacidad incomoda y tensiona el orden establecido del control de los cuerpos sexuados. Se tiene que entender que las personas en situación de discapacidad tienen derechos sexuales y reproductivos, que además son sujetos de deseo de otros y otras, ya que constantemente se nos enmarca en un estereotipo de que son personas asexuadas”.
En la fotografía Carolina Pérez sonriendo a cámara.
Carolina Pérez, conductora del programa radial Saliendo a Flote y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
«Creo que Estado está violando los derechos de las personas en situación de discapacidad de manera transversal. La vulneralización de derechos más graves: las sufren las mujeres en situación de discapacidad intelectual y la esterilización sin ningún tipo de consentimiento de parte de ellas. Falta mucho que denunciar por parte de las mujeres en situación de discapacidad y no esperar que el Estado haga todo lo que debe hacer solamente. Todas somos el Estado, se deben denunciar las malas prácticas y no tan solo que un tercero denuncie si no que las mujeres con discapacidad sean capaces de denunciar los hechos también».
«Cada vez que se habla de los derechos de las mujeres en situación de discapacidad las que menos hablan son ellas, eso es una situación gravísima, ya que somos nosotras la que debemos poner el tema sobre la mesa para que haya educación. Creo que no podemos permitir que terceras personas hablen de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Nosotras debemos contar nuestra experiencia y vivencia de una vida sexual activa, masturbación, del derecho al placer», sentencia la comunicadora.
En la fotografía Lidia Casas sonriendo a cámara.
Lidia Casa, abogada y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
“Creo que una de las cuestiones más prevalentes y que deja al descubierto las situaciones de mayor vulnerabilidad de las mujeres y las niñas tiene que ver con violencia sexual. La violencia sexual como fenómeno afecta de alguna manera, tiene un elemento de género muy importante y fundamentalmente es unidireccional, eso quiere decir, que son mujeres, niñas, víctimas, mayoritariamente violencia sexual, no estoy diciendo que los niños no lo sean, pero en términos de envergadura y discriminación fundamentalmente un fenómeno fuerte en contra de niñas y mujeres. Y cuando hay una discapacidad particularmente cognitiva golpea muy fuerte, muy, muy fuerte a ellas y ahí es donde uno lo puede ver, es muy cruel”.
Para la Directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP “Hay mucho déficit en este tema, como por ejemplo, que los prestadores de salud no reconozcan a las niñas y mujeres como sujeto de derecho, que si ya las mujeres se encuentran en una situación de mayor desventaja por así decir, frente a su posicionamiento en el sistema de salud, la comunidad médica y los profesionales tienden a ver a que las mujeres con discapacidad como personas que no van a ejercer la sexualidad y son más reticentes que puedan tener hijos, por ejemplo. Creo que ahí hay un ámbito muy claro en que se ejerce una presión indebida, a que las mujeres, por ejemplo, se esterilicen ‘porque serán víctiman de violencia y es mejor que las esterilicemos’. En ese sentido habrá una búsqueda de una solución, de prevenir la producción de un embarazo en el contexto de un ilícito. Pero una advertencia ahí: promover que una mujer con discapacidad no tenga hijos también es indebido si se piensa que no se puede hacer cargo de ellos”.
En la fotografía Paulina Bravo hablando.
Paulina Bravo, abogada y Presidenta del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad (Odisex)
“En Chile, muchos derechos se han vulnerado, principalmente los sexuales y reproductivos, indudable y son los más graves, pero también la educación, el derecho a la accesibilidad en distintos aspectos. Soy una convencida que la violación no solo parte de las carencias o del Estado, sino también de la sociedad. Se espera desarrollar una cultura de inclusión mientras hay unos derechos que están ahí vigentes y que además son exigibles”.
En el caso de la inclusión de mujeres en el país, Paulina Bravo declara: “Indudablemente hay avances de todo, de todos modos hay avances pero hay cosas muy graves que ocurren en Chile y que fueron denunciadas incluso por la misma sociedad civil ante el Comité de expertos de las Naciones Unidas. Prefiero llamar esterilización forzada aunque en términos elegantes le llaman esterilización involuntaria, eso es muy grave porque son prácticas que se ejecutan no respecto a cualquier mujer con discapacidad, si no respecto, primero, a las mujeres adolescentes con discapacidad y, luego, sobre aquellas que son y forman parte de un grupo social económicamente más vulnerable”.
En la fotografía Marcela Benavides mirando hacia la cámara.
Marcela Benavides, coordinadora Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile (CIMUNIDIS)
«Tenemos obstáculos en la vida, estos obstáculos generan situaciones de múltiples discriminaciones en contra de las mujeres y niñas con discapacidad, en particular con el acceso a la educación, economía, relaciones sociales, justicia, reconocimiento como personas ante la ley, capacidad de participar en la política, de ejercer nuestro propio control en nuestras vidas en diversos contextos, por ejemplo en atención en salud, servicios de salud sexuales y reproductivos y de donde o con quien deseamos vivir».
“Estamos dando la batalla en el Ministerio de Justicia con una mesa para el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, esto significa, que un número considerable de personas en Chile es considerada interdicta y por lo tanto, se le nombra un curador o tutor y se le sustituye todas sus preferencias y voluntad por la preferencia del curador o tutor. Entonces, nosotras en esa incapacidad jurídica no podemos contraer matrimonio civil, no podemos celebrar contratos, hipotecarios o de créditos, ni de arriendos, no podemos administrar nuestros bienes, no podemos adoptar, no podemos tomar una serie de decisiones que nos afectan directamente y que son sensibles, especialmente en el caso de las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial, un derecho primordial como es tener una sexualidad activa, a la reproducción y al cultivo de una familia”.