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16 de enero 2017

Catástrofes: Canales de TV no cumplen Ley sobre Lengua de Señas

Imagen de noticiero en que una mujer está enseñando Lengua Señas a dos alumnos, en un recuadro se muestra a un interprete en pantalla.

A medida que la noción de derechos se desarrolla existe más urgencia por trabajar nuevas formas de inclusión para reducir las barreras de acceso, en especial de las personas en situación de discapacidad. Pero ¿qué ocurre con los medios y canales de televisión, en particular, cuando deben informar sobre catástrofes a toda la ciudadanía sin distinción? ¿Qué dice la normativa al respecto? 

Por Karina Pérez N.

Los canales de televisión no estarían facilitando el acceso a la información de las personas con discapacidad. Ejemplo de ello es lo que ocurrió en las últimas semanas con la cobertura del terremoto de Chiloé e incendios de Valparaíso, dos hechos que alertaron a la comunidad.

La Ley N°20.422 establece principios sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Mientras que el Decreto N°32 se menciona que los canales de televisión abierta y proveedores de televisión por cable, deben aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a las personas con discapacidad auditiva el acceso a la programación.

En algunos casos es obligación tener una persona que interprete la Lengua de Señas: en la transmisión o emisión de campañas de servicio público con financiamiento público, de propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas nacionales, además de  situaciones de riesgo o emergencia nacional, tales como situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias, catástrofes naturales o hechos que causen conmoción o alarma pública, con el fin de mantener informadas a las personas con discapacidad auditiva y personas sordas. Esto se puede realizar mediante formato de  subtitulado oculto y Lengua de Señas.

ANATEL se refirió al tema, diciendo que trabajan junto a  ONEMI en la implementación de un Sistema de Información de Mensajes de Emergencia (SIMER) que operará en casos de catástrofes producto de alerta de tsunami o erupción volcánica. Este sistema contempla que en los primeros 30 segundos de la emergencia exista un aviso en pantalla completa con indicaciones para la población.

Gustavo Vergara, presidente de la Asociación de Sordos de Chile advierte y recuerda que el Estado de Chile firmó y ratificó la Convención Derechos Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que tiene rango constitucional. «Sin embargo, en Chile, se creó la Ley 20.422 que busca hacer cumplir esa Convención. Pero esa Ley tiene un reglamento, el Decreto Nº 32, que perjudica a las personas sordas. La Ley 20.422 dice que la televisión debe ser accesible para personas sordas con subtítulos «Y» Lengua de Señas pero el reglamento dice Subtítulos «O» Lengua de Señas por eso la TV no cumple y pone subtítulos ocultos (Closed Caption).

Vergara enfatiza que se está ignorando la Ley y la Convención con una norma inferior que es el reglamento confeccionado «en beneficio de la televisión y en desmedro de las personas sordas. Para remediar lo anterior y beneficiar a la comunidad de sordos en situaciones de emergencia se envió un proyecto ley acordado entre SENADIS, ONEMI, CNTV y ASOCH. Así, se aprobó la Ley 20.927 estipulando que las personas sordas tendrán acceso a la televisión en situación de emergencia con subtítulos «Y» Lengua de Señas. No obstante, el presidente de la ASOCH  dice que igualmente sigue primado el reglamento (Decreto 32) es decir «volvemos a subtítulo «O» Lengua de Señas. Eso es discriminación».

La Asociación de Sordos de Chile entregaron una carta reclamo a la Presidenta Michelle Bachelet, además de la Subsecretaría de Derechos Humanos, al Instituto Nacional de Derechos Humanos y al Consejo Nacional de Televisión. Mientras, en el caso de las últimas catástrofes, ONEMI y SENADIS, como instituciones públicas, entregaron información en Lengua de Señas, pero no así los canales de televisión. Consultado por este tema, el CNTV se declaró incompetente y el Colegio de Periodistas declaró no tener incidencia en la materia.