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28 de octubre 2016

Resumen de la semana: de dulce y agraz

Presidenta Bachelet firmando la Ley que deroga el impedimento de que las Personas con discapacidad puedan ser jueces o notarios.

En la foto, la Presidenta Bachelet firmando la ley que deroga el impedimento que las personas con discapacidad tenían para ejercer como jueces, juezas o responsable de una notaria.

Noticiosa semana para las personas con discapacidad en materia de derechos; mientras se promulgó la ley que permite a ellos y ellas ser jueces y notarios, son excluidos del próximo Censo. Esto es, un resumen de la semana. 

Por Alexis Sánchez P.

La semana se inició con una importante y excelente noticia para las personas con algún tipo de discapacidad, ya que la Presidenta de la República promulgó la ley que elimina la imposibilidad que recaía sobre las personas con discapacidad para ser notarios y jueces.

El importante anuncio eliminó el cuestionado Artículo 256 del Código Orgánico de los Tribunales (COT), que no se ajustaba a la realidad del país, donde existe un 20% de personas con algún tipo de discapacidad, limitando el desarrollo de carrera de quienes habían optado por el Derecho.

Eso sí, seguirán imposibilitados de ser jueces, juezas o responsable de una notaria aquellas personas definidas como interdictas por demencia o «prodigalidad», condenados o acusados por crimen o simple delito, y quienes estén beneficiados por una suspensión condicional del procedimiento penal.

Aunque la eliminación del Artículo 256 del COT signifique un avance en el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad en Chile, lamentablemente y en paralelo a la promulgación de la ley, se anunció que dentro de las 21 preguntas del próximo Censo abreviado que se realizará en abril de 2017, no se considerarán preguntas respecto a la situación de discapacidad de los consultados.

Esto es un retroceso respecto del último Censo, donde sí se incluyó en el cuestionario preguntas relacionadas con la condición de discapacidad de las personas encuestadas. Esto además se suma a la exclusión de la religión y las diversidades sexuales de la consulta.

Habrá que esperar hasta 2022 para conocer una realidad más acabada de la población con discapacidad; cinco años en donde se pudo haber avanzado algo más en la temática, buscando respuestas y diseñando políticas públicas más adecuadas.