Política de Inclusión para toda la comunidad UDP
La política de inclusión UDP fue discutida durante el año pasado con alumnos y profesores
En agosto la Universidad Diego Portales (UDP) aprobó la Política de Inclusión que irá en directo beneficio de las personas en situación de discapacidad que estudien en la institución, facilitando el acceso a herramientas que permitan un correcto desarrollo académico durante todo su proceso de estudio y salida. Desde una perspectiva de derechos, esta política también incluye a quienes integran la comunidad universitaria y tienen algún tipo de discapacidad.
Por Alexis Sánchez P.
A partir de la iniciativa de la Vicerrectoría de Pregrado y concretada durante agosto, la UDP promulgó su Política de Inclusión que será implementada por la casa de estudios, a partir de este año. Inicialmente, se pretende tener mayor capacidad de distribuir recursos para una correcta accesibilidad de los alumnos y alumnas que tengan algún grado de discapacidad y establecer parámetros claros para el diseño y desarrollo de evaluaciones a fin que consideren las distintas capacidades y necesidades de los y las estudiantes.
«Esta política establecerá los parámetros de evaluación necesarios para que una persona con discapacidad logre tener el mismo ritmo de estudio que sus pares«, comenta Ana María Hernández directora del Proyecto de Inclusión UDP y Secretaria de Estudios de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial. Agrega que «también se considerarán aspectos en pos de mejorar la accesibilidad de las facultades».
Ana María Hernández, directora del Proyecto Inclusión UDP presenta la política.
Para ello, explica Hernández, la Política de Inclusión establece que las diferencias de las personas con discapacidad deben aportar a la diversidad del espacio académico, por lo que es de suma importancia la participación de estas personas dentro de la vida universitaria.
La política se concentrará en la compra de softwares inclusivos y otras técnicas para el aprendizaje. Para ello, la Unidad de Apoyo ha avanzado en conversaciones con diversos estamentos académicos; abordando asuntos metodológicos como de técnicas de evaluación para los diferentes ramos y necesidades. Esta unidad también será la responsable de canalizar las solicitudes de apoyo y focalizar, persona a persona, la correcta aplicación de la política y distribución de recursos.
La Política de Inclusión UDP fue el resultado de un proceso participativo de la comunidad con y sin discapacidad, en el que se consultó sobre las diversos factores que impiden la correcta accesibilidad e inclusión a la universidad, y donde se invitó a generar un proyecto dirigido a mitigar las barreras de accesos para las personas con discapacidad, a fin de lograr su participación plena en el quehacer universitario.
Luego de ello, la Vicerrectoría de Pregrado sumó a los resultados de este proceso, la experiencia de las políticas implementadas en otros países respecto a la materia, que culminaron con la propuesta recientemente aprobada por el Consejo Directivo Superior de la UDP, liderado por el Rector Carlos Peña y que fue enviado a los directores de las carreras, aprobándose por unanimidad el 5 de agosto, luego de dos años de trabajo.
«Esta política se basa en una perspectiva de derechos para las personas con discapacidad, vistas como un igual, que requieren condiciones que le permitan superar las barreras que le impone la sociedad. Esta política deja en claro que debe existir una situación de igualdad», enfatiza Ana María Hernández directora del proyecto que lidera el trabajo de inclusión en la UDP.
La Política de Inclusión beneficiará directamente a cerca de 20 estudiantes que actualmente han declarado su situación de discapacidad. Los desafíos de esta medida también son un incentivo a derribar barreras de acceso en la participación, comunicando necesidades y requerimientos a los diversos responsables académicos.
«Existen encuestas internas en donde cerca de 100 personas dicen tener alguna discapacidad física o cognitiva pero no las informan. La implementación de la política busca aceptar e invitar a las personas a acceder a los beneficios si realmente lo necesitan», finaliza Ana María Hernández.