Mujeres con discapacidad, límites a autonomía y derechos
Estudios en América Latina evidencian que las mujeres con discapacidad están expuestas a que sus derechos sean vulnerados, más que aquellas sin discapacidad. Se violenta su autonomía y el ejercicio de derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva. Priscilla Rodríguez de DRI describe parte de esta realidad en Diálogo Regional por las Mujeres, en México.
Por SIGA, desde México
Las mujeres con discapacidad están cuatro veces más expuestas a la violencia de género en su contra que las mujeres sin discapacidad. Así de categórica es la realidad que enfrentan y que Priscilla Rodríguez de Disability Rights International (DRI) describió en el Diálogo Regional de Intercambio de Buenas Prácticas y Nuevos Retos para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que se realizó en Pachuca, México hace un par de semanas.
En la reunión convocada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM, OEA) y el Gobierno de México, entre otros organismos regionales e internacionales, Rodríguez detalló la experiencia de trabajo junto al Colectivo Chuhcan, la primera organización en México dirigida por personas con discapacidad psicosocial y parte de los hallazgos que como DRI han obtenido a través de sus investigaciones.
Prisicilla Rodríguez enfatiza en las potencialidades que permite la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad, dirigidas a exigir a los Estados mejores políticas públicas en torno a la protección y promoción de los derechos de las mujeres con discapacidad, en especial en lo que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos. “Las mujeres con discapacidad no son objeto de caridad, ni de asistencia social. Son sujetas de derechos. Debemos trabajar en que la Convención como otros acuerdos internacionales en Derechos Humanos, permitan ampliar sus derechos, con énfasis en los sexuales y reproductivos”.
La evidencia recopilada por DRI detalla que, las mujeres con discapacidad son vulneradas en sus derechos humanos. Éstos vinculados a vivir una vida libre de violencia y con autonomía para tomar sus propias decisiones. Se les limita su derecho a acceder a servicios de salud para interrumpir voluntariamente un embarazo, a elegir si quieren o no tener hijos o hijas y cuándo, es decir, acceso a métodos anticonceptivos, y a no ser esterilizadas sin consentimiento.
“En el caso de la discapacidad sicosocial, ellas atraviesan por procesos psiquiátricos o neurológicos que son un reto para ellas y su forma de interactuar con la sociedad. Pero no por eso pierden sus derechos, que además están reconocidos en toda la Convención y otros tratados de derechos humanos. La diferencia radica en las barreras de acceso que se les imponen y que las limitan”, explicó Priscilla Rodríguez.
En la foto panel sobre las experiencias desde las diversidades de las mujeres, Rodríguez (a la izquierda) junto a Bettina Cruz defensora de los derechos de las mujeres indígenas.
Relata que en muchos países, los derechos de las mujeres con discapacidad se anulan si ellas son declaradas como “mentalmente incompetentes” y pasan a ser tuteladas por el Estado o por algún familiar; es ahí cuando sus derechos se limitan porque dejan de ser reconocidas como sujetas jurídicas.
Junto al Colectivo Chuhcan, DRI realizó una investigación con 51 mujeres con discapacidad psicosocial. La principal conclusión se refieren justamente la ineficacia en la implementación de políticas públicas que garanticen su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva: más del 40% de las mujeres entrevistadas ha sobrevivido a abusos sexuales y más del 40% habían sido esterilizadas contra su voluntad o presionadas por familiares.
Un estudio exploratorio en Chile, Costa Rica y Uruguay también concluyó que las mujeres con discapacidad están más expuestas a los maltratos y la violencia. Se trata de una doble opresión: la que se vive por la discriminación del entorno respecto a la discapacidad y la sistemática propia de la violencia contra las mujeres, radicada en una sociedad patriarcal.