Patricio Medina y Ley de Autismo: «Se debe trabajar en una política pública sobre la discapacidad, pero no sobre una en específica»
El director de la Fundación Amasperger, que reúne a padres y madres de personas menores de edad con esta condición, cree necesario que el autismo sea considerado una discapacidad y se manifiesta en contra de realizar una ley exclusiva para ella, apelando a que el Estado de Chile firmó hace 8 años su compromiso con la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y que como ciudadanos se debe exigir una correcta inclusión para todos.
Por Alexis Sánchez P.
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Patricio Medina levanta el teléfono y advierte de entrada. «Soy contrario a la ley de autismo», señala. De hecho, en la web, Medina se encarga de explicar su postura.
-¿Porqué tiene esa posición respecto a la ley?
Porque las personas con autismo (referido a la totalidad de personas con asperger y autismo) requieren de múltiples necesidades, igual que todas las demás personas tienen derechos y debemos hacer cumplir esos derechos. Derechos básicos como la salud, educación y trabajo. No son ni más ni menos derechos y estos están reconocidos ante la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que fue firmada por Chile en 2008. El autismo es una discapacidad en su definición moderna, por lo que debe ser reconocida como tal. Y por ello, nuestro país debe dar el paso y reafirmar esta Convención y hacer una política pública respecto al tema, adecuando el marco legal para su cumplimiento. El tema es que el marco existe, no hay que pedir algo que existe, el problema es que no se cumple. Y por ello, se debe trabajar en una política pública sobre la discapacidad, pero no sobre en una específica, ya que todas las personas en situación de discapacidad son sujetos de derecho y que tienen las mismas dificultades, por lo que no tenemos por qué realizar 47 leyes sobre cada discapacidad, sino que trabajar por resolver los problemas de todas.
-¿Cómo se puede entender entonces la idea de una ley de autismo?
Lamentablemente, si se pone en marcha un marco legal respecto de un grupo social en específico, sin comprender los requerimientos que otros grupos pueden tener y donde también existe una necesidad, se puede comprender como una discriminación. Una persona con Síndrome de Down o con discapacidad física tiene la misma necesidad de educación, de salud y trabajo que una con autismo y además los mismos derechos. Nosotros no estamos solos, todos tenemos problemas y por eso se debe si o si trabajar en una política pública en materia de discapacidad, donde se abarque a todos. Lo que sirva a un grupo, servirá para todos. Debe haber un plan nacional que englobe a todos, que permita financiar las necesidades de todos y todas
-¿Se podría ver como una respuesta tardía por parte del Estado la idea de hacer una ley de autismo?
Puede ser una respuesta tardía a la Convención, aunque lo veo más como un incumplimiento, ya que los derechos están en la Constitución, pero no se cumplen. Por ejemplo, las personas con autismo aún tienen problemas para entrar a la educación formal, siendo que existen normas que permiten su inclusión.
-¿Podría ser una buena respuesta la participación de personas con discapacidad en el Proceso Constituyente?
Si, lógicamente puede ser el camino, aunque sí existen en la Constitución derechos que protegen a las personas con discapacidad. Está la ley 20.422, la firma de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que por todos lados te dicen que deben haber igualdad de oportunidades, lo que falta ahora es poner en práctica aquello. Ya que por ser chileno, uno ya tiene el derecho de la educación, salud y trabajo, hay que ver cómo se cumple esto, porque sabemos que no hay diagnósticos ni apoyos necesarios. Tenemos que hacer la bajada y hacer la política pública necesaria para aquello, por lo mismo no debemos discriminarnos entre nosotros y trabajar por una política realmente inclusiva.