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25 de mayo 2016

Cumplimiento del programa de gobierno en materia de discapacidad I: SENADIS, INJUV y Desarrollo Social

El 20% de la población en Chile tiene algún grado de discapacidad, lo que equivale a más de 2 millones de personas. En 1 de cada 3 hogares chilenos vive una persona con discapacidad, asociada a situaciones de dependencia y pobreza. Analizamos las promesas del programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y cómo ha sido su cumplimiento en materia de discapacidad hasta la fecha.

Por Catalina Ellies e Ignacio De Geyter

Audio del texto:

El Instituto Nacional de la Juventud, INJUV consolidó su oferta programática en materia de fondos concursables, dentro de los cuales destaca el Fondo Inclusivo, que promueve el ejercicio de derechos y la inclusión ciudadana a través de iniciativas orientadas a la discapacidad, equidad e igualdad de Género, Derechos Humanos, Diversidad Sexual e Identidad de Género.

La Ley N° 19.885, de Donaciones con Fines Sociales. En  2015 ingresaron al Registro de Donatarios 40 nuevas organizaciones sin fines de lucro que trabajan directamente con personas en situación de vulnerabilidad  y/o  discapacidad, sumando así  un total de 500 instituciones en dicha nómina.

El Fondo Mixto de Apoyo Social, contó con 339 millones 888 mil pesos para financiar iniciativas de la sociedad civil que postulan proyectos que beneficien a personas en situación de pobreza, vulnerabilidad social y/o en situación de discapacidad. Se financiaron 62 iniciativas a nivel nacional —23 de corporaciones y fundaciones, y 39 de organizaciones comunitarias—, considerando como mínimo un proyecto en cada línea por región.

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El Servicio Nacional de Discapacidad  (SENADIS) realizó y publicó los resultados del Segundo Estudio Nacional de Discapacidad, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y Ministerio de Desarrollo Social y contó con los diagnósticos y propuestas de los ministerios de Salud, Educación, Transportes y Telecomunicaciones, Trabajo y Previsión Social, Vivienda y Urbanismo y del SENADIS. Cumplido, pero se requiere de mayor  difusión y acceso a la información. (Revísalo aquí)

El SENADIS lanzó los Planes de Apoyo del Programa de Desarrollo de Organizaciones Inclusivas que permiten el levantamiento de información sobre la oferta y la demanda municipal en temáticas de discapacidad y las respectivas orientaciones profesionales para el desarrollo local inclusivo desde la gestión municipal. Estas instituciones están desarrollando un proceso de asesoría técnica a las 26 municipalidades que mantienen convenios para la instalación de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI) que aborda, por ejemplo, planes de Rehabilitación con Base Comunitaria y apoyo a la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad desde las oficinas municipales de intermediación laboral, entre otros. Durante el 2015, se financiaron 26 convenios con municipalidades a nivel nacional por un monto total de mil 947 millones 737 mil pesos.

Además se desarrolló el Programa Tránsito a la Vida Independiente cuyo objetivo es ampliar los bienes y servicios proporcionados por el programa Promoción de la Autonomía y Atención de la Dependencia, destinado a personas con discapacidad de entre 18 y 59 años, a través de la provisión de servicios de apoyo.

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A fines de 2015, el SENADIS creó el Departamento de Tecnologías para la Inclusión. Su finalidad es liderar la promoción del desarrollo, innovación, entrega, uso y difusión de tecnologías que favorezcan la inclusión educativa, laboral y social de las personas en situación de discapacidad y el  Programa de acceso a la justicia para personas en situación de discapacidad, que busca mejorar las deficiencias en la atención que reciben las personas con discapacidad de  parte de las instituciones que administran y/o que se relacionan con este ámbito. Estas mejoras se harán mediante la entrega de servicios gratuitos de asesoría legal en casos de discriminación y/o vulneración de derechos en razón de alguna discapacidad y también vía la realización de seminarios, charlas, talleres y cursos a diversas instituciones públicas y privadas que se relacionan con la justicia para la instalación de la variable discapacidad y la inclusión social en el quehacer institucional.

Los recursos utilizados por el programa de Acceso a la Justicia alcanzaron los 298 millones 852 mil pesos, invertidos en la contratación de un abogado ejecutor por cada región comprendida por las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) así como también para la adjudicación de seminarios y un Curso sobre Derechos Humanos y Discapacidad. La suscripción de los convenios con las Corporaciones de Asistencia Judicial permitió dar asesoría a cerca de mil 83 personas en situación de discapacidad. Al interior de las CAJ se capacitó a más de dos mil 700 personas, entre funcionarios y funcionarias, abogados y abogadas, y postulantes. Respecto a la promoción y difusión hacia otras instituciones públicas o privadas, se capacitó a cerca de mil 700 funcionarios públicos y a aproximadamente dos mil 200 privados.

La Comisión Asesora Presidencial, que elaborará participativamente un plan nacional para abordar la Discapacidad, la Salud Mental y el Cuidado, tendrá un enfoque de inclusión, contemplando también aspectos de infraestructura urbana y políticas de inclusión laboral, entre otras. Si bien existe dicha comisión, su implementación requiere más actividad. Según su sitio, la última acta de sesión fue el 29 de febrero de este año y su última audiencia, el 18 de marzo.

En cuanto a las acciones programadas de aquí a mayo de 2017, uno de los desafíos más importantes del SENADIS es la formulación del Plan Nacional de Inclusión Social de Personas en Situación de Discapacidad 2016-2026. Los datos que utilizarán para su puesta en práctica son los que recabaron en la Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión Social de Personas en Situación de Discapacidad y los resultados del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad. Asumir este desafío cobra especial importancia, considerando que, durante el 2016, se conmemoran 10 años de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, el primer tratado de Derechos Humanos del Siglo XXI que, una vez ratificado por el Estado de Chile el 29 de julio de 2008, determinó el marco jurídico nacional que nos rige.

El SENADIS carece de las atribuciones suficientes para coordinar, promover y fiscalizar la inclusión de las personas en situación de discapacidad y el respeto a sus derechos, por esto, propusieron crear la Subsecretaría de la Discapacidad, que fue mencionada en la cuenta pública 2015 y 2016.